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FEBRERO 2001 - Volumen: 76 - Páginas: 12-20
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En el contexto de la campaña de desarrollo presentada en el Libro Blanco para una Estrategia Comunitaria y Plan de Acción en el campo de las Fuentes Renovables de Energía, la Comisión Europea propone apoyar la instalación de 10.000 MW en Parques eólicos. Estos parques representan el 25% del total de penetración de la energía eólica en el horizonte del año 2010. Se supone que no se necesitará financiación pública para los restantes 30.000 MW, siempre y cuando se garantice el adecuado acceso a las redes europeas de electricidad. (Christos Papoutsis , responsable de Energía en la Comisión Europea, 1999). En las páginas que siguen, se recoge la revisión de las distintas acciones de apoyo y acompañamiento al sector eólico instrumentadas en ámbito de la Unión Europea para cilitar su desarrollo. Entendiendo que la proximidad facilitaría una mejor comprensión, este trabajo se estructuró dividido en dos grandes aparrados. En el primero de ellos, se analizan las medidas llevadas a cabo en España, con particular atención al caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, mientras que en el segundo, se revisan las de otros países de la Unión Europea, en concreto, de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. Para ello, se procedió al análisis y supervisión de la diversa documentación disponible al respecto, que al final de este trabajo se relaciona, además de toda aquella otra información adicional o complementaria -que de ser el caso, en su lugar se cita- que pudiese permitir un mejor análisis al contar con un mayor número de noticias y datos sobre los asuntos evaluados. El desarrollo de estrategias para el ahorro y diversificación de las fuentes energéticas fue desencadenado en 1973 por la situación en Oriente Medio, con la llamada primera crisis del petróleo, que obligó a los políticos a reconocer que los recursos energéticos basados en los combustibles fósiles eran limitados, y de que una parte muy importante de las reservas mundiales de petróleo y gas estaban situadas en áreas políticamente inestables. Como resultado, en varios países se dispusieron fondos establecimiento de diversos supuestos que permitiesen afrontar el desafío energético. La segunda crisis del petróleo, en el período 1979-80, vio elevarse los precios del petróleo a tales niveles que, entre otras muchas consecuencias, se reforzó la voluntad política de reducir el consumo de energía y desarrollar las fuentes de energía renovables. En España, y como parte de la estrategia general, el Gobierno promovió el establecimiento de distintas medidas de racionalización del consumo de energía y de diversificación energética. La Ley 82/1980, de Conservación de la Energía, puede considerarse como el verdadero punto de partida de esta materia en España. En particular, el Gobierno de España respaldó el desarrollo tecnológico y la progresiva utilización de energías renovables con el diseño de un plan nacional con objetivos específicos para cada tipo de fuente energética. El Ministerio de Industria y Energía estableció las directrices de la política energética que posteriormente se desarrollaron en conjunción entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y los Gobiernos de las diversas Comunidades Autónomas.
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