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Siendo el paro obrero una consecuencia de la crisis, nos afectan sobremanera las derivaciones que puedan complicar la economía industrial con una solución equivocada del asunto. Si todos debemos ser contribuyentes a la reducción del paro obrero, máxime cuando es de ética social el principio del derecho al trabajo, éste ha de ser regulado de modo que conduzca a realidades que no mengüen el poder adquisitivo de los productos industriales, porque ello equivaldría a sumar un motivo más de crisis a los ya existentes. Por ello exponemos nuestro criterio en desacuerdo con una fórmula propuesta y votada en la Conferencia Internacional de Ginebra, sobre la implantación de la semana de trabajo de cuarenta horas sin valiar—y aún variando—la retribución, siempre que conduzca a un aumento en los precios de costo y a una disminución, de consiguiente, en el poder absorbente del mercado.
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